Dentro de la historia de
Colombia, en el ámbito de la investigación y el desarrollo de los
sectores preponderantemente científicos, nunca se ha visto un
esfuerzo contundente por parte del gobierno nacional para impulsar
programas que, a mediano o largo plazo, generen para el país unos
resultados tangibles que permitan lograr metas como la
autosuficiencia tecnológica, el desarrollo de avances tecnológicos
de hardware o software o una base de profesionales que desarrollen
programas enfocados a la consecusión de muchas metas estratégicas,
plenamente factibles si existiera un verdadero compromiso por parte
del gobierno nacional, y el debido aporte presupuestal en I+D,
soportado en la experiencia de actores internacionales que avalen y
cimienten estos primeros esfuerzos del pais.
A todo esto ha
contribuido que, Colombia, aún es una nación que adolece de una
desorganización social y de gobierno, por lo que las políticas de
estado, verdadero motor detrás de las más ambiciosas metas de
cualquier país, brillan por su ausencia o se encuentran en un estado
primigenio de formación, siendo en su mayoría poco claras, sin
objetivos concretos, y con una alarmante falta de norte que seguir,
por lo cual la planeación nacional se ha ido diluyendo en esfuerzos
de carácter limitado por parte de los investigadores que se
concentran en la consecusión de objetivos propios, sin estar estos
conjugados dentro de un programa que a futuro, presente un resultado
que aune todos los esfuerzos individuales. Es fabricar un montón de
piezas sueltas que al final no podrán armarse conjuntamente para
formar una maquinaria coherente.
A todo esto se suma que
en la nación no hay entidades rectoras que puedan tomar estos
esfuerzos, reunirlos y amalgamarlos en un programa con objetivos
concisos. Estas entidades rectoras apenas están siendo contempladas
dentro de los planes de desarrollo de la nación, y en este caso se
dá por sentado que estas nuevas organizaciones pueden tener
suficiente experiencia y gestión para sacar adelante proyectos
estratégicos para el país, a pesar de estar incursionando en campos
nunca antes contemplados por las políticas del estado. En este
punto, y haciendo específica referencia al tema aerospacial,
hablaremos de como Colombia aborda, como nación, la investigación y
desarrollo aerospacial.
Dentro del campo
aeronáutico sorprende el atraso de Colombia, uno de los primeros
países del mundo en desarrollar la aviación comercial, cuando en
1919, a un año de terminar la primera guerra mundial, se funda en el
país la Sociedad Colombo Alemana De Transportes Aéreos (SCADTA,
actual AVIANCA), la primera aerolínea comercial de América y la
segunda del mundo despues de la alemana Lufthansa, operando
hidroaviones Junkers desde los principales rios del país, debido a
la falta de infraestructura de campos aéreos que permitiera la
operación de aeronaves convencionales. Así mismo nació la FAC
(Fuerza Aérea Colombiana) en 1919, y fue por mucho tiempo una
pionera en América Latina en el uso de los nuevos conceptos y
herramientas disponibles en el mundo, siendo una de las primeras
fuerzas aéreas de la región en operar reactores y en alcanzar el
vuelo supersónico. Sin embargo en el último cuarto del siglo XX
todo este impulso por seguir a la vanguardia se fue diluyendo por las
decisiones políticas, y han dejado a la nación con una fuerza
envejecida, sin planes a futuro y seriamente amenazada en su
supervivencia como fuerza estratégica y disuasoria por los recortes
presupuestarios. Todo esto en una nación que empezó a fabricar
aeronaves antes que Brazil, pero que al no encontrar un apoyo del
gobierno nacional para fomentar la investigación y el desarrollo, y
al no aunar los pequeños esfuerzos de los privados en una meta común
(pues se esperaba que estos privados por si solos desarrollaran una
industria pesada que al propio gobierno central no le interesaba
apoyar ni financiar), vió como el gobierno brasilero, por medio de
su central aeronáutica EMBRAER, se montaba en la cresta de la ola
tecnológica y generaba, a través de la coordinación y unión de
los esfuerzos de los actores industriales aeronáuticos grandes y
pequeños del país, una industria que a día de hoy se ha convertido
en la tercera empresa fabricante de aeronaves del mundo, solo por
detrás de los gigantes industriales Boeing y Airbus. Una muestra de
como la desidia, la falta de visión y el empeño de una clase
política conservadora y burócrata de mantener al país como su
finca personal, han hecho que Colombia se encuentre atrasada en la
generación de industrias que aporten a la nación fuentes de empleo,
desarrollo científico, desarrollo económico y bienestar social.
Es así como la industria
aeroespacial en Colombia no ha nacido, y apenas en los albores de
este siglo XXI fue que el gobierno central, magicamente, se dio cuenta
que el futuro está en las nuevas tecnologías, y que estas son
patrimonio, esencialmente, de aquellos que las desarrollan en primer
lugar, y que si el país no quería verse expuesto a la dependencia
tecnológica de las potencias del primer mundo, debía empezar a
desarrollar una industria propia, pero dicha industria no puede nacer
de la noche a la mañana, y mucho menos cubrir el atraso de cincuenta
años de la nación en infraestructura, servicios, tecnologías,
educación, investigación y desarrollo.
En cuanto al sector de la
investigación y la industria aerospacial, solo hasta el año 2006,
por medio del decreto presidencial 2442, es que se da vida a la
Comisión Colombiana del Espacio (CCE), la primera iniciativa
gubernamental por crear un ente rector del sector que aunara todos
los esfuerzos del gobierno y los privados en pos de una meta común,
la cual es hacer que Colombia entre en la carrera espacial, para
hacer uso y aprovechamiento del espacio por medio de, y para generar
a su vez, avances científicos y tecnologicos, que ubiquen a la
nación a la vanguardia regional y mundial, aunque dichas
pretensiones son excesivas para las actuales capacidades industriales
y tecnológicas del país.
Ante todo la CCE padece
de los típicos contratiempos de todas las agencias nuevas del
gobierno que pretenden cerrar el bache producido por años de
desinterés y abandono del estado. Encontramos ante todo una profunda
desorganización, un alto índice burocrático, una falta de
objetivos claros y metas solidas a mediano y largo plazo. Se pretende
trabajar sobre bases inexistentes, sin tener claro el futuro. Se
actúa sobre conceptos desarrollados más por políticos interesados
en pescar en rio revuelto, buscando la forma de beneficiarse
económicamente de los nuevos proyectos, debido a que la acción de
las agencias de control del estado sobre las nuevas oficinas es poca,
principalmente por una falta de agilidad paquidermica de estos entes
de control, sobretodo al integrarse en la estructura de las nuevas
agencias.
A todo esto se suma que
dentro del mismo gobierno se crean nuevas divisiones que entran a
competir, entorpecer o, directamente, redundar en las actividades de
estas agencias, sobretodo si estas fueron creadas por gobiernos
anteriores, como en el caso de la CCE, creada en el gobierno de
Alvaro Uribe Vélez y totalmente llevada al ostracismo por el
presidente Juan Manuel Santos, quien en 2013 y por el decreto
2516, creó el “Programa Presidencial para el Desarrollo Espacial
Colombiano” (PPDEC) que está adscrito al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República. Se le asignaron
las mismas funciones del CCE, pero no tiene, en absoluto, nada que
ver con esa agencia ni se coordina con ella. ¿A qué obedeció
entonces la creación de dicha oficina?, ¿por qué razón un
programa de desarrollo espacial que debe ser competencia de la CCE
tiene que ser llevado por aparte sin que el organismo rector del
sector tenga injerencia en el mismo?, ¿a qué oscuros intereses
políticos, personales y económicos se debe?. Increíblemente, en
2014 se creó dentro del Departamento Administrativo de la
Presidencia una nueva oficina llamada “Dirección para proyectos
Especiales”, y a esta nueva oficina se le encargó crear el “Plan
Estratégico de Desarrollo Espacial”, es decir, si la CCE y el
PPDEC eran ya redundantes, esta nueva oficina vendría a completar el
trio, ejerciendo las funciones de organización y dirección de las
otras dos, aparte que también debería ejercer la Secretaría
Técnica de la CCE, algo que hasta el momento no se ha dado, y mucho
menos la elaboración del susodicho “Plan Estratégico de
Desarrollo Espacial”, por lo que a fecha de hoy dicha oficina es
una entidad fantasma que no ha permitido ningún avance en los
procesos que debe llevar a cabo la CCE. Cabe agregar que la
“Dirección para Proyectos Especiales” quedó por decreto en
cabeza del vicepresidente de la república, osea, en las mismas
condiciones que la CCE. Tres agencias distintas y ningún avance
verdadero.
Pero,
en el colmo del descaro mostrado por el gobierno nacional en cuanto a
desidia y desinterés por el tema, en diciembre de 2014 el señór
vicepresidente Germán Vargas indicó que no tenía tiempo para
seguir presidiendo la CCE debido a sus múltiples ocupaciones. En el
2015 la responsabilidad de la CCE pasó a manos del director
administrativo de la presidencia, con lo cual la comisión perdió el
poco poder que tenía para ejercer la dirección de las actividades
espaciales en el país, y a día de hoy es solo un elefante blanco
que languidece su existencia.
En si la CCE se creó
como un “órgano de consulta, coordinación y orientación y
planificación” para establecer la política espacial de la nación,
es decir, para centralizar y coordinar todos los esfuerzos públicos
y privados del país en pos de la carrera espacial, por esta razón
se integró dentro de su estructura a varios ministerios con
intereses en el desarrollo de tecnologías espaciales y sus
aplicaciones, a entidades gubernamentales que se sirven de
tecnologías espaciales en sus actividades propias, como el IGAC
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi), y a organismos de
investigación privados que están desarrollando programas
relacionados con las ciencias espaciales como la Universidad Sergio
Arboleda; todos ellos aunados, coordinados y bajo la presidencia fija
de la Vicepresidencia de la República. Es de anotar que, por
supuesto, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), como garantes de la
seguridad de la nación y en pos de su visión estratégica, fue
integrada a la comisión, siendo un pilar fundamental debido a su
experiencia operativa y profesional con el tema, aunque esto no es
más que una quimera, puesto que la FAC nunca ha tenido una
experiencia real en la investigación y el desarrollo de ningún tipo
de actividad relacionada con el espacio. La FAC se supone que debería
ser la base desde la cual se extenderían las actividades espaciales,
haciendo para la comisión la labor que para la NASA cumple la USAF,
pero esto es Colombia, y la FAC dista mucho de tener las capacidades
de la USAF, por lo que hasta el momento ha sido más un lastre en los objetivos a cumplir dentro del programa espacial
que un verdadero motor del mismo.
Así mismo la CCE dista
mucho de ser la NASA, es más, no fue pensada para cumplir esas
funciones. La CCE fue creada con el fin de constituir un primer
escalón en la creación de una verdadera Agencia Espacial
Colombiana, encargada de coordinar y de llevar a cabo las actividades
propias del programa espacial, semajante a la NASA o la ESA, dejando
en manos de la CCE las políticas y regulaciones del sector, actuando
ya como una superintendencia. Sin embargo, a día de hoy, la agencia
no ha sido creada, aunque en el último informe de gestión de la CCE
(año fiscal 2015), en sus recomendaciones, figura en primer lugar de
prioridad su creación.
Ya lo indica José
Gregorio Portilla, director del Observatorio Astronómico Nacional,
en un artículo publicado por la revista SEMANA en su edición
virtual con fecha 09 de Agosto de 2016 titulado “El limbo de la
Comisión Colombiana del Espacio”:
“¿Cómo puede
aspirar una nación al desarrollo tecnológico y científico así
como a la búsqueda de la educación de élite cuando la dirigencia
nacional se muestra apática y desinteresada en algo tan fundamental
como las tecnologías espaciales? Una nación que en su Constitución
afirma tener dominio de un segmento de la órbita geoestacionaria,
debería preocuparse por tener una presencia al menos marginal en el
espacio exterior”.
Así, tal cual lo
expresa el doctor Portilla, es que se ha manejado a la CCE, con
apatía y desinterés. Ni siquiera cuando la FAC tomó la secretaría
ejecutiva (que hasta el momento mantiene) se mostró un interés en
que los avances en el programa espacial beneficiaran las políticas
estratégicas de la nación y la doctrina de las Fuerzas Armadas, que
debería haber sido su leit motiv, porque como ya se ha
mencionado, la FAC resultó ser más un lastre que la verdadera
fuerza impulsora de la comisión. Es de anotar que cuando la CCE
nació, la primera entidad en ejercer la secretaría ejecutiva fue el
IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), quienes ante el reto
presentado se dedicaron a hacer la tarea, aunque limitados por la
realidad de estar lidiando con los entresijos organizacionales y
políticos de una agencia nueva, y en materias que no son de su
entorno inmediato. Sin embargo se vieron los primeros avances, las
primeras metas propuestas como una realidad factible, y los primeros
proyectos de adquisición de capacidades reales para el país como un
primer escalón en la búsqueda de abordar una política y presencia
espacial. Es así como se iniciaron los procesos licitatorios para la
adquisición de un satélite de comunicaciones propio que sería
colocado en la órbita geostacionaria, aunque al final, dichos
procesos fracasaron por falta de apoyo del gobierno central. Así
mismo se proyectó la adquisición de otro satélite orientado a la
observación terrestre, el cual serviría para realizar estudios de
los ecosistemas colombianos, mantendría vigilancia sobre los
recursos naturales del país, y serviría para la realización de
actividades de inteligencia de las Fuerzas Armadas en tiempo real,
manejando así actividades de investigación tanto civil como
militares de gran importancia para la nación, pero este proyecto ni
siquiera llegó a pasar a la etapa de licitación y también fue
abandonado.
Dichos
emprendimientos empezaron en el gobierno del presidente Alvaro Uribe
Vélez, y al llegar el actual gobierno fue cuando fueron cancelados,
lo cual indica claramente que en Colombia no se aplica las políticas
de estado sino las políticas presidenciales, y que si los
presidentes que se suceden en el gobierno resultan ser enconados
enemigos políticos, los que sufren las consecuencias son los
programas no alcanzados a ejecutar del gobierno anterior por muy
necesarios e importantes que sean. Fue así como la adquisición del
primer satélite (el de comunicaciones) fue suspendida después de la
segunda licitación, ya que el gobierno de Juan Manuel Santos
prefirió apoyar la entrada de la tecnología de la fibra óptica al
país, con lo cual cedió a los grandes conglomerados de
comunicaciones extranjeros el negocio de cablear con fibra óptica
todo el territorio nacional, objetivo que aún no se ha cumplido y
que ha resultado en grandes ganancias para estas empresas a cambio de
un servicio que hasta el momento se ha mostrado falto de cobertura y
no muy confiable técnicamente. Así mismo se canceló el proyecto de
adquisición del satélite de observación civil y militar, porque el
gobierno Santos indicó que era preferible comprar las imágenes a
proveedores extranjeros a un precio más barato que comprar y poner
en órbita un satélite propio, renunciando así a la perspectiva de
realizar investigaciones civiles a largo plazo e inteligencia militar
en tiempo real. Cabe preguntarse por los beneficiarios de esa
decisión de compras de imágenes y su relación con el gobierno
central. Así mismo llama la atención que las cancelaciones de estos
proyectos fueron ordenadas por el gobierno central, y ejecutadas por
el vicepresidente de la república Germán Vargas Lleras, quién en
teoría es la cabeza visible y principal de la CCE, a la que sin
embargo nunca se le consultó sobre el asunto, ni se pidieron
estudios que justificaran la continuación o cancelación de estos
proyectos, siendo que, por ley, es la responsable y única
cualificada para tomar esas decisiones, por lo que el gobierno
central actuó en contra de la comisión y de la constitución.
En si, en estos
momentos la CCE ha sufrido un paro cardiaco. Carente de cualquier
poder real de direccionar la política de Colombia frente al espacio,
dedica el poco presupuesto que tiene asignado en el apoyo económico
de ciertos estudios astrofísicos, mientras que todos aquellos que
tienen que ver con la investigación, exploración y desarrollo del
espacio en el país, siguen tratando de hacer lo que pueden, cada uno
por su lado, como era antes de que se creara la CCE. Ni siquiera la
FAC, que debería ser la más interesada en sacar adelante un
programa espacial ha hecho nada por impulsar la comisión desde la
secretaría general que ejerce en la misma. Una muestra de como las
políticas personales de los dirigentes del país destruyen el
concepto de “Política de Estado”, y amarran el desarrollo y el
futuro de la nación.
La elaboración de
una política de estado frente al desarrollo espacial, y su
seguimiento, es un asunto de vital importancia para el estado, pues
ello repercute en el desarrollo nacional de todos los sectores. Se
impulsa la investigación, el desarrollo, la industria, la educación,
la economía, la seguridad, el crecimiento de la nación. La última
frontera del hombre no puede quedarse por fuera de las manos de una
nación que pretende salir de los países en vías de desarrollo para
convertirse en uno desarrollado, y en uno que lidere una región con
tan amplias proyecciones como América Latina. Como dice el doctor
José Gregorio Portilla en su artículo:
“El espacio
exterior no es un capricho, es asunto clave para desarrollar la
investigación y la economía aún más importante, es una cuestión
de soberanía y eso lo atestiguan Estados Unidos Rusia y China.
Naciones latinoamericanas como Brasil, Argentina, México, Chile,
Perú, Venezuela e incluso Bolivia y Nicaragua han adquirido o están
adquiriendo satélites funcionales y varias de éstas han creado sus
respectivas agencias espaciales. Mientras tanto, la Comisión
Colombiana del Espacio, que se esperaba iba a sacar del rezago a la
nación y ser el germen de la Agencia Espacial Colombiana, ha perdido
una valiosa década de esfuerzo y se encuentra ahora completamente
inactiva, esperando a que alguien en el Palacio de Nariño
desenmarañe el nudo gordiano en que convirtieron el piso jurídico
de la Comisión. Solo esperemos que, frente a posibles decisiones
internacionales, nuestros dirigentes no evadan sus responsabilidades
y no se incriminen mutuamente como ocurrió, por ejemplo, con la
pérdida de territorio a manos de Nicaragua por un fallo de la Haya”.
La
creación de la Agencia Espacial Colombiana es una prioridad, pero
esta no puede estar condenada al fracaso desde antes de su nacimiento
por cuenta de que no existe en el país una política clara que avale
su actuar ni un ente rector que lo dote de herramientas para llevar a
cabo sus funciones. Es claro que un programa espacial requiere de
cuantiosos recursos, y que en un país tan enfermo por la corrupción
rampante de sus dirigentes y servidores públicos es, cuando menos
temerario, poner en manos de una nueva organización tal cantidad de
dineros públicos, lo cierto es que se debe asumir el riesgo,
extremando las precauciones y las medidas de control de los entes
pertinentes para evitar que la burocracia y los corruptos terminen
acabando con el patrimonio, no solo económico, de los colombianos,
sino con todo su patrimonio espacial y lo que de él deriva.
Así
mismo vemos como los avances recientes han abaratado algunos de los
costos operativos de las agencias espaciales. Países como India, que
en los proximos meses lanzarán más de cien (100) misiones de
diferentes países, agencias y privados, han llevado los conceptos de
la exploración del espacio y su desarrollo a nuevos niveles,
poniendo al alcance de países como Colombia la nueva frontera.
Allá
debemos apuntar...
Stephan Xavier Beltrán Gómez
